La Migración como Derecho Universal

Por: Anabelle Chacón Castro

La migración es un fenómeno inherente a las especies, por eso debería ser un derecho universal.  Animales y humanos emigran en busca de mejores sitios para establecerse y vivir.  Esto es un hecho innegable que ha acompañado siempre a la vida en la Tierra.  Constantemente vivimos este fenómeno, por ejemplo: las mariposas monarca se desplazan todos los años, desde Canadá y el norte de Estados Unidos, cerca de 5,000 km durante el invierno y regresan para la primavera.  De la misma forma ha pasado siempre con la humanidad.  Los orígenes de la especie humana se remonta al Africa y de ahí, producto de las constantes migraciones, se esparció por el mundo. 

La mayoría de países han sufrido a través de su historia olas migratorias, tanto internas como externas.  Los grandes éxodos del campo a las ciudades se han vuelto fenómenos sociables cada vez más inevitables habiendo una constante mundial que lleva a la población a ser urbana.  Y todo esto se produce por las condiciones de vida precarias, en cualquier sentido, que obligan a las grandes masas de individuos moverse constantemente en busca de un mejor destino.

Hasta el siglo XVIII el mapa mundial geopolítico no estaba completamente definido y cambiaba constantemente.  Fue a  partir del siglo XIX que las nacientes naciones vieron la necesidad de formalizar el proceso migratorio como una forma de preservar sus fronteras.  Ya la gente no se podía mudar fácilmente de un país a otro, sino que tenía que someterse a ciertas reglas.  Con el paso de los años y los movimientos humanos crecientes debido a guerras, persecuciones religiosas, crisis económicas; las reglas de migración tuvieron que ser más restrictivas.

Cabe notar que el que la persona que es emigrante de su país, se vuelve inmigrante en el país de arribo. El prefijo e significa exterior e in interior. El que emigra de su país; es decir, el que abandona su país para irse al exterior, cuando llega al otro país se convierte en inmigrante.  Es algo curioso que un sustantivo cambie por la situación porque –a la final- el individuo es el mismo en cualquier lugar que esté.

Canadá es un país que se ha formado, y sigue formado, con inmigrantes.  Anualmente recibe un promedio de 250 mil personas que arriban.  Tiene una mentalidad abierta en comparación con su vecino del sur y trata de albergar a quienes piden refugio.  Obviamente, existe un proceso que se sigue antes de ser aceptado como residente permanente. 

El llegar a ser ciudadano del país hacia donde se emigró, se vuelve una aspiración legítima de quien reside, pero el proceso de ciudadanía se vuelve más complicado cada vez e incluso en algunos países resulta imposible llegar a obtenerla.

El 6 de febrero, el Ministro de Migración y Ciudadanía, Cris Alexander, develó ante el Parlamento la Ley C-24: Acta del Fortalecimiento de la Ciudadanía Canadiense, la cual contiene las nuevas reglas para obtener la ciudadanía; entre las cuales se encuentran: las tarifas a pagar, de $100 a $300, el examen de conocimiento y requerimiento de nivel de inglés es para las personas de 14 a 64 años, cuando antes era requerido para quienes estén en la edad de 18 a los 54 años; la negación de la ciudadanía e incluso la revocación de la misma para quienes hayan sido procesados y encontrados culpables, lo cual convierte a la ley de migración en una ley fiscal que sirve para castigar faltas que están contempladas en el código penal.

Pero ¿qué se gana con esto?, ¿por qué poner trabas para la obtención de la ciudadanía?   Hay un trasfondo social, político y económico en esta política del gobierno conservador.  Social, porque se ejerce un control intimidatorio sobre las masas laborales que son, generalmente, formadas por inmigrantes que aspiran convertirse en ciudadanos.   Político, por las minorías inmigrantes permanecen invisibles en el contexto político al no ser sujetos decisivos en votaciones federales por no tener la ciudadanía y, por ende, el derecho al voto; es decir, no pueden ni elegir ni ser elegidos.  Y, económico, porque los incrementos en las tasas en las aplicaciones (que han sido triplicadas) y las de renovaciones de las residencias permanentes, resultan un ingreso adicional al fisco.

Pero esta nueva ley no es un hecho aislado, sino que corresponde a la política que ha venido implementando el gobierno de Harper.  Hace unos meses atrás de cambió el cupo de las aplicaciones para traer los padres como residentes permanentes y se cortó, abruptamente, a un número absurdamente pequeño: cinco mil; además de que modificó la edad para aplicar por los hijos de 21 años la cortó a 18 años. Estos hechos, contradicen totalmente la tradición que ha mantenido Canadá sobre la reunificación familiar.

Si bien, Canadá sigue recibiendo inmigrantes lo que puede observar es que no quiere que estos pasen a ser, real y legítimamente, parte de su sociedad sino que, más bien, quiere mano de obra que venga a prestar servicios a su vida primermundista porque si se mira las estadísticas de los países que emigran, según datos del 2010, el país más aceptado es Filipinas con el 13% del total de los inmigrantes, que emigran en su mayoría mujeres en calidad de niñeras, empleadas domésticas o para cuidar ancianos.

La política de migración y ciudadanía canadiense tiene que volver a cumplir con sus ideales de solidaridad con los inmigrantes y abrir sus puertas a quienes venimos, por cualquier razón que fuese, a radicarnos aquí para trabajar y progresar, porque el precio de haber dejado atrás nuestros países ya, de por sí, es un precio demasiado alto que hemos pagado.