Demandan a Canadá por suspensión de procesos de migración

OTTAWA.- Alrededor de mil personas, representadas por diferentes abogados, han presentado una demanda colectiva contra el Gobierno canadiense porque suspendió las solicitudes que se habían enviado para poder emigrar al país bajo el programa Federal Skilled Worker.

El organismo directamente implicado en este caso legal que podría traer graves consecuencias para la nación si una corte le da la razón a los demandantes, es Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC) y el Ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo, Jason Kenney.

El caso se remonta al año 2012, cuando el Ministro decidió dar por terminado el proceso legal a miles de personas que habían solicitado y pagado el trámite para emigrar al país. Algunos de los afectados habían estado a la espera de una decisión sobre su solicitud de residencia permanente durante ocho años.

Los abogados de los demandantes alegan que el señor Kenney y CIC violó la ley y violó la Carta canadiense de Derechos y Libertades, al poner fin al proceso, por lo que exigen que sus solicitudes sean reintegradas al sistema. Si tienen éxito, el Gobierno deberá reincorporar alrededor de 96.700 aplicaciones que fueron despedidos. Si todas las aplicaciones que quedaron en el limbo son aceptadas y se reabren los procesos, alrededor de 280.000 personas podrían obtener el derecho a la residencia permanente en Canadá.

El Ministro de Migración puso fin a todas las solicitudes al Programa de Trabajadores Federal Skilled realiza antes de 28 de febrero 2008, eliminando así la posibilidad de emigrar a Canadá para casi 300.000 personas, a quienes les regresaron el dinero que habían cancelado para el proceso.

En su momento el Kenney dijo que ante los retrasos que se presentaban y la acumulación de solicitudes, el sistema era inmanejable, por lo que se había decidido suspender los procesos de migración de estas personas.

Ahora los abogados de los demandantes argumentaron en la Corte Federal de Canadá en Ottawa, el 17 de enero pasado, que el Ministro había actuado ilegalmente. Mario Bellissimo, abogado de los demandantes dijo a la corte que el señor Kenney tenía el poder para establecer las prioridades y políticas de inmigración, en virtud de la Carta de Derechos y Libertades, aplicando las normas de manera justa y sin discriminación, pero no fue lo que hizo.

Ante la corte se dijo que el 81,4% de las solicitudes que fueron despedidos por el CIC, las hicieron personas de Asia, Oriente Medio y África.

Para el abogado del Gobierno, Keith Reimer, aquí lo que se va decidir es quien realmente controla la inmigración de Canadá, porque el Gobierno tiene que tener el poder y el derecho a cambiar sus políticas y tomar medidas para controlar sus programas de inmigración.