Venezuela lucha por su democracia

Por: Ángel E. Álvarez, Ph.D. 

Venezuela es una paradoja. Luego de haber disfrutado durante cuarenta años de una excepcionalmente estable democracia electoral, en una región plagada de dictaduras, padece hoy un autoritarismo militar y electoral en una región donde la democracia ha renacido desde hace más de veinte años. El país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, que gozó de precios record por más de una década,  está hundido en la miseria y en medio de grave colapso político. 
 

Hasta hace apenas cinco años, la revolución chavista sorprendía al mundo con anuncios de logros sociales y sus contundentes éxitos electorales. Chávez proclamó haber reducido la pobreza a los niveles más bajos del mundo mediante programas sociales que ofrecían a la vez la equidad y participación política democrática. Venezuela premiada por la FAO por haber alcanzado las metas del milenio en alimentación. El ex líder golpista  se ufanaba de protagonizar una  profunda revolución social en paz y mediante elecciones limpias.   
 

Pero los motores de su socialismo se alimentaban de petróleo caro. La caída de los precios del crudo puso en evidencia todas las ineficiencias del modelo. El gobierno de Chávez reemplazó la industria nacional por importaciones subsidiadas. Para ello, se valió de la sobrevaluación del bolívar. Haciendo uso de una política económica expansiva, estimuló la demanda por medio del gasto fiscal alto e irresponsable. Pretendió sin éxito imponer un ineficiente sistema de empresas estatales y de propiedad colectiva mediante nacionalizaciones forzosas y confiscaciones arbitrarias. Todo ello, finalmente, condujo a una severa contracción de la inversión privada doméstica y externa. Sin embargo, con precios altos del petróleo nada de esto afectaba la popularidad del caudillo populista. 
   

De aquellas mieles del populismo chavista viene el amargo sabor del gobierno de Nicolás Maduro. El país sufre una hiperinflación cercana al 700% anual, sus reservas internacionales liquidas están por debajo de tres mil millones de dólares, desde el 2015 el crecimiento del PIB ha sido negativo, el desempleo ha escalado de 7% en 2015 a 30% a mediados del 2016. El país está en medio de default comercial no declarado y el default financiero en puertas. 
 

Miles de ciudadanos de todas las clases sociales mueren por no tener acceso a medicamentos, pero el gobierno rechaza donaciones de medicamentos ofrecidas desde organizaciones internacionales y se niega a aceptar la existencia de la crisis humanitaria. La aguda escasez de los alimentos más elementales de la dieta básica mantiene a los consumidores por muchas horas al día  en largas filas frente a panaderías, farmacias pequeños abastos y cadenas de supermercado, tanto aquellas de propiedad del gobierno como las pocas que quedan en manos privadas. Un decreto presidencial de inamovilidad laboral permite que los trabajadores se ausenten por varios días durante los cuales hacen fila para comprar comida y que algunos de ellos luego se dediquen a la reventa de estos bienes de precios controlados en el mercado negro, como forma de compensar sus precarios salarios.  
 

Caracas, que en el pasado fue llamada “la sucursal del cielo”,  se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del planeta.  El crimen impune se asocia al escalofriante promedio semanal de dos a tres linchamientos o maltratos severos de presuntos delincuentes por parte de grupos enardecidos de la ciudadanía.  Decenas de miles de venezolanos han sido víctimas de secuestros,  extorsión y homicidios que quedan impunes en más del 92% de los casos. Más de cien venezolanos mueren víctima del hampa cada semana. Los operativos policiales contra el crimen son tan ineficientes como violatorios de los derechos fundamentales. La violencia social es pan de cada día y se traduce no solo protestas diarias por crisis de los servicios (agua y electricidad), sino también en olas de saqueos y enfrentamientos entre ciudadanos por comida. 
 

En medio de tal crisis de dimensiones trágicas, los venezolanos se dividen en tres grupos. Uno de ellos, agobiado por la dramática situación del país  no ve otra salida que irse del país. Otro grupo, pequeño pero no despreciable, resignadamente espera que la promesa del socialismo chavista se haga realidad. El tercero se encuentra profundamente descontento con el gobierno y apuesta aun por cambios pacíficos y electorales. Entre 2010 y 2014, la cifra de venezolanos que abandonaron el país es busca refugio o asilo político fue, en promedio, cerca de 100. Entre 2015 y 2016, esta cifra se ha elevado escandalosamente. Solo en marzo del 2016, más de 1500 venezolanos pidieron asilo en algún país del mundo. Y la tendencia es al alza del número de refugiados y asilados.
 

Los venezolanos leales a Maduro no están satisfechos, sino que expresan su desconcierto y contrastan lo que vivieron en tiempos de Chávez, pero no abandonan sus esperanzas. No obstante, cerca del 40% de los votantes en diciembre del 2015 se mantuvieron leales a los candidatos del partido de gobierno. Maduro goza del respaldo del 24% de los votantes. Esta cifra es sorprendentemente alta, dado su pésimo desempeño. El resto, la mayoría que rechaza al gobierno, ha logrado ser encausado por la oposición democrática por la vía electoral. 
 

No obstante, el gobierno se muestra cada vez menos dispuesto a permitir nuevas elecciones. La clara victoria de la Mesa de Unidad Democrática en 2015 ha sido anulada en la práctica. El Ejecutivo  desacato de sus decisiones y Tribunal Supremo sistemáticamente anula las leyes promulgadas por la legislatura. El gobierno ha amenazado con el cierre de la Asamblea e incluso con no transferir los recursos financieros necesarios para su funcionamiento, incluyendo los sueldos de los parlamentarios. El Consejo Nacional Electoral, controlado 4 a 1 por el gobierno, pone obstáculos inimaginables al intento de la oposición por convocar el referéndum revocatorio de Maduro previsto en la constitución.     
 

Para torcer el testarudo brazo de la autoridad electoral, la oposición ha pasado a la presión de calle. Intenta escalar esta presión mediante la convocatoria movilizaciones y concentraciones que prometen ser multitudinarias y frecuentes. Como ha sucedido en el pasado, tales protestas cívicas serán reprimidas tanto por los militares y policías, como por grupos civiles armados afines al partido gobernante (los “colectivos”). No está claro que la oposición, mediante su estrategia de protesta pacífica creciente, logre la solución electoral del conflicto. Los líderes del gobierno tienen mucho que perder y no es solo el poder político lo que está en riesgo para ellos. La palabra final la dirán factores de poder dentro del Estado, en particular aquellos encargados de administrar la represión violenta. Toca esperar y ver.